LEGALES

JULIO 2010

FALLO SOBRE INMIGRACION EN UN ESTADO: ADVERTENCIA PARA OTROS

Por JULIA PRESTON

(TNYTS)

Una juez federal en Arizona reivindicó ampliamente el pasado 28 de este mes la acción de la administración Obama, en la se jugaba mucho, enfocada a desafiar la severa ley de inmigración de dicho estado y afirmar la autoridad primaria del gobierno federal sobre legisladores estatales en cuestiones de inmigración. El fallo emitido por la Juez Susan R. Bolton, en una demanda en contra de Arizona entablada el 6 de julio por el Departamento de Justicia, obstruyó cláusulas centrales de la ley, impidiendo que entren en vigor mientras ella termina de oír el caso. Pero, al dar el vigoroso paso de mantener un estatuto incluso antes de que fuera puesto en práctica, Bolton dio un adelanto de sus opiniones sobre el caso, indicando que el gobierno federal probablemente ganaría al final en los puntos principales. La decisión del Procurador General, Eric H. Holder Jr., de lanzar el peso del gobierno federal en contra de Arizona con respecto a un tema que ha suscitado pasiones entre residentes del estado, ha irritado a muchos gobernadores estatales. Nueve estados entablaron documentos que apoyaban a Arizona en el caso ante el tribunal. Sin embargo, Bolton encontró que la ley estaba del lado del Departamento de Justicia en su argumento relativo a que muchas cláusulas del estatuto de Arizona interferirían con la ley y la política federales.

La Gobernadora Jan Brewer dijo que la entidad apelaría el fallo.

Si bien el dictamen de Bolton no es definitivo, al parecer es probable que detenga, cuando menos temporalmente, un movimiento en expansión por parte de estados con miras a combatir la inmigración ilegal, convirtiendo en un crimen estatal ser inmigrante sin documentos legales, así como mediante la imposición de nuevos requisitos sobre oficiales de policía estatal y local para que hagan valer la ley de inmigración. "Esta es una advertencia para cualquier otra jurisdicción" que esté considerando una ley similar, destacó Thomas A. Saenz, el presidente del Fondo México-Estadounidense de Defensa Legal y Educación, que entabló una demanda aparte en contra de la ley que también está ante Bolton. La ley de Arizona sobresalió de entre cientos de estatutos adoptados por estados en años recientes para desalentar a los inmigrantes indocumentados. Este estatuto convierte en un delito estatal que los inmigrantes no porten documentos que demuestren su estatus legal, y requiere que oficiales de la policía estatal determinen el estatus de inmigración de cualquier persona a la que detengan por otra razón, si existe una "sospecha razonable" de que la persona es un inmigrante indocumentado.

El solo hecho de estar presente sin el estatus legal de inmigración es una violación federal bajo la ley federal, mas no un crimen.

Los abogados de Arizona arguyeron que se había redactado el estatuto a fin de complementar leyes federales. Bolton rechazó ese argumento, considerando que cuatro de sus principales cláusulas interferían o entraban en conflicto directo con leyes federales. La policía de Arizona, escribió ella, tendría que interrogar a toda persona que detuvieran en torno al estatus inmigratorio, generando una oleada de solicitudes a las autoridades federales de inmigración para que hagan confirmaciones. El número de peticiones "probablemente abrume totalmente a las fuentes federales y termine redirigiendo a dependencias federales lejos de prioridades que han establecido", escribió la juez. Si bien opositores de la ley de Arizona dijeron que terminaría dando origen a los perfiles raciales, el Departamento de Justicia no ahondó en esos temas en sus procedimientos. Sin embargo, Bolton los sacó a colación, encontrando considerables riesgos para los inmigrantes con estatus legal y quizá, para ciudadanos estadounidenses. Existe una "considerable probabilidad de que agentes de policía arresten erróneamente a extranjeros con residencia legal", escribió, advirtiendo que los turistas extranjeros también podían ser detenidos erróneamente. La ley,  incrementaría "la intrusión de la presencia policial en las vidas de nacionales extranjeros con estatus legal (e incluso a ciudadanos de Estados Unidos), quienes necesariamente quedarán enredados" por ella. Bolton fue nombrada por el Presidente Bill Clinton en el 2000. Hannah August, portavoz del Departamento de Justicia, dijo: "Si bien entendemos la frustración de los habitantes de Arizona hacia el inoperante sistema de inmigración, una serie variopinta de políticas estatales y locales alteraría seriamente la aplicación de leyes de inmigración". Algunos detractores comentaron que Bolton había decidido con demasiada rapidez. Peter Schuk, catedrático de derecho de inmigración en la Universidad de Yale, dijo que Bolton debería haber permitido que la ley entrara en vigor, misma que estaba programada para hacerse el  29, antes de emitir una orden que redujo el poder de una legislatura estatal. "Ella se apresuró a emitir un juicio de una manera que, sólo puedo asumir, refleja mucha presión del gobierno federal para lograr que este caso se resuelva rápidamente", dijo. Ahora, el fallo de Bolton ha cambiado la presión política, devolviéndola al Presidente Barack Obama para que demuestre que efectivamente puede hacer valer la frontera", así como para seguir con una reorganización de las leyes de inmigración, para que así los estados no busquen intervenir como lo hizo Arizona.

Nota de Redacción: Recordamos a nuestros lectores que este fallo solo beneficia o perjudica a las personas que vivan en el estado en cuestión, Arizona.